Violencias que se esconden detrás de un discurso impecable

En los últimos meses comenzaron a circular nuevos testimonios sobre estafas con fondos públicos, abuso de poder, situaciones de violencia y acoso cometidos por una "curadora" dentro del campo artístico. Se trata de una profesional bien conocida por su retórica “afectiva”, feminista y antiextractivista, lo que vuelve su accionar particularmente difícil de detectar: el discurso admirable funciona como blindaje simbólico.

Aunque no mencionaré nombres propios, pero de iniciales K.C. (por razones de seguridad y para proteger a las personas afectadas) sí considero necesario describir cómo operan estas violencias y por qué nuestra escena aún carece de herramientas efectivas para detenerlas.

A partir de los testimonios recopilados y de consultas con personas que trabajan o investigan estas problemáticas, propongo una organización posible de la información. Se trata de un intento por reconocer ciertos patrones, nombrarlos y volver más visibles las formas en que opera la violencia simbólica dentro del ámbito artístico (y otros, seguramente).

En muchos casos, estas violencias no aparecen de manera abierta o fácilmente identificable. Se filtran a través de microgestos, comentarios, omisiones, silencios, decisiones aparentemente menores y prácticas naturalizadas que, al repetirse, producen hostigamiento, exclusión, deslegitimación o sometimiento. Quiero nombrar algunos:

Descalificación pública disfrazada de “crítica honesta”
Se da cuando la persona con poder invalida un trabajo frente al grupo bajo la excusa de impulsar “la mejora”. En lugar de señalar aspectos técnicos o conceptuales, recurre a comentarios sobre la supuesta falta de capacidad, disciplina o “madurez” del/la artista. El daño no es sólo emocional: mina la percepción colectiva de la obra y, a la larga, condiciona invitaciones a muestras, becas o residencias porque la palabra de la curaduría funciona como sello de calidad o estigma. En estos casos, la persona agredida suele autoinculparse (“quizás no estoy a la altura”) y evita volver a exponer para no recibir otro “correctivo”. En la mayoría de los testimonios recibidos, estas personas afectadas no vuelven a insertarse en espacios artísticos durante un tiempo significante.

Estrategias de aislamiento que generan sospecha entre colegas
Se cultivan a través de confidencias selectivas (“no digas nada, pero me preocupa tal compañera”) o advertencias veladas (“cuidá tu archivo, hay gente que copia”). Así se fractura la confianza y se impide la organización colectiva. Quien cuestiona o busca transparencia queda marcado como “problemática”. El efecto final es la segmentación del grupo en microlealtades que dependen emocionalmente de la figura de autoridad. Por ejemplo, dentro de los testimonios recopilados, algunos discursos fueron "la directora del Museo quiere grabar los encuentros". Siendo una falsa afirmación que quebrantó la relación dentro de la comunidad artistica.

Presión económica: promesas que nunca se concretan
Consiste en encargar obra, exigir disponibilidad total o pedir que se pague el envío/montaje con la promesa de un honorario que “llegará cuando entren los fondos”. El retraso sistemático paraliza la capacidad de reclamar: quien protesta teme ser tildada de “mercantilista” o “poco comprometida con el arte”. Si surge otra oportunidad mejor remunerada, la persona agresora apela al chantaje moral: “te di tu primera chance, ahora me fallás” (literal).

Captura de recursos (malversación de fondos)
La curadora se postula, o pide que artistas la integren, en proyectos subsidiados por el Estado o fundaciones. Una vez adjudicados, concentra la administración y dosifica la información contable. Aparecen rubros genéricos (“gastos operativos”, “logística”), se eliminan comprobantes o se justifica la ausencia de facturas con razones burocráticas. Al no existir contralor externo específico para el sector, la trazabilidad del dinero se evapora y quienes deberían recibir becas o cachets quedan sin cobrar. Dentro de los testimonios recopilados, la mayoría tiene que ver con esta mecánica, la curadora no logra justificar los gastos.

Apropiación de proyectos enteros desde espacios formativos
Durante clínicas o tutorías, una persona puede detectar líneas curatoriales prometedoras y ofrecer acompañarlas mediante acuerdos verbales. Meses después, ese mismo eje temático reaparece en una exposición curada por ella, aunque protagonizada por artistas de su círculo íntimo. Para protegerse frente a posibles señalamientos, despliega entonces una lógica de inversión de la culpa y acusa públicamente, muchas veces de manera ruidosa, a las creadoras originales de haberle robado la idea.

Estas acusaciones no quedan solamente en el plano discursivo, sino que pueden derivar en formas concretas de violencia. Entre los testimonios recopilados aparece el caso de una curadora que vandalizó una obra emplazada en el espacio público, interviniéndola, rompiéndola y colocando carteles insultantes, bajo el argumento de que la artista había robado su proyecto. También se registran denuncias infundadas enviadas por correo electrónico a instituciones o jurados, en las que se acusa de plagio a determinadas artistas. Estas acciones las dejan bajo sospecha y, en algunos casos, pueden provocar su exclusión de convocatorias o espacios de circulación.

Las víctimas suelen ser artistas en situación de mayor vulnerabilidad (jóvenes sin respaldo institucional, mujeres de provincias alejadas, identidades disidentes). El discurso justificatorio se ampara en dos muletillas: la vaguedad conceptual (“nadie es dueño de los temas”) y la supuesta inmadurez de la autora (“todavía no está lista, que siga trabajando”). De ese modo, despoja al proyecto de su origen, desplaza la culpa y perpetúa la violencia simbólica mientras se erige en defensora de la ética creativa.

Violencia simbólica y hostigamiento
Incluye cambiar reglas sobre la hora de montaje, imponer formatos expositivos que desvirtúan el trabajo o exigir presencia física permanente sin contemplar realidades laborales. Cualquier reclamo se afronta con sarcasmo o silenciamiento (“esto es parte del aprendizaje”). El hostigamiento sedimenta un clima de miedo a equivocarse: el/la artista internaliza que siempre está “a prueba”. Sobre esta situación, los testimonios son en gran cantidad, algunos de ellos, llegando a la violencia verbal frente a la comunidad artistica. En estos casos, algunas denuncias se realizaron de manera publica mediante entrevistas radiales o cartas a las instituciones involucradas.

Acoso sexual encubierto
No aparece como propuesta directa sino como insinuaciones progresivas: comentarios sobre la vida personal, invitaciones a “brindis de cierre” en espacios privados o la famosa frase “pasemos por un vino y seguimos hablando de tu participación”. El chantaje se vuelve más explícito cuando la inclusión en catálogo, gacetilla o exhibición depende del encuentro íntimo. El terreno profesional se diluye y el/la artista queda atrapada entre la posibilidad de perder la oportunidad o enfrentar represalias si rechaza el “favor”. La dificultad para probarlo (por ocurrir en ambientes informales) aumenta la impunidad y el miedo a la denuncia.

Visibilizar estos mecanismos con detalle ayuda a desnaturalizarlos. Cuando los reconocemos como parte de un patrón sistemático, y no como “malos entendidos individuales”, se fortalece la posibilidad de trazar protocolos y redes de apoyo que cierren el paso a la impunidad.

¿Qué pasa cuando la violencia viene envuelta en un discurso feminista?

Nos enseñaron a temer al agresor evidente, pero pocas veces hablamos de la figura afectuosa que manipula, divide y humilla mientras sostiene un relato impecable.
No necesitamos etiquetas clínicas para saber que algo está mal. Basta con ver el daño que deja a su paso, aunque lo disfrace de “gestión” o de “experiencia”.
En estos casos, el desafío es mirar más allá de la máscara y sostener el cuidado donde más importa: en los vínculos, en la ética cotidiana, en la capacidad de decir basta.

Hay algo que nos tiene que quedar clarísimo: Que un discurso sea feminista no significa que una práctica lo sea.
El verdadero cuidado se mide en los hechos, no en las palabras. Por eso es vital observar, preguntar y, cuando sea necesario, poner límites a quienes se apropian de banderas justas para sostener dinámicas de abuso.

Cuando un discurso tan necesario como el feminismo es utilizado para encubrir abusos, el daño es doble. No solo se perpetúan violencias en lo concreto, sino que también se vacía de sentido una lucha colectiva construida con esfuerzo por muchas personas. Apropiarse de las palabras “cuidado”, “sororidad”, “decolonialidad” mientras se manipula, se excluye o se explota a otrxs, no solo traiciona esos principios, sino que deslegitima la confianza social en las herramientas que hemos creado para protegernos. Esta instrumentalización del lenguaje feminista es peligrosa porque inmuniza a la agresora y cualquier señalamiento es leído como ataque reaccionario, y así se silencia o desacredita a quienes sufren. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos distinguir entre quienes viven el feminismo como una práctica ética real, y quienes lo usan como escudo para reproducir viejas formas de poder bajo ropajes nuevos. El feminismo no puede ser excusa para el abuso.

Intentar comprender estas dinámicas también nos enfrenta a una pregunta incómoda. ¿Cómo puede una persona que se presenta como feminista, afectiva, comprometida con la comunidad, y guiada por principios éticos ejercer, al mismo tiempo, prácticas violentas y destructivas?

La intención no es psicologizar cada conflicto ni asignar diagnósticos a quienes participan en ellos. Se trata de reconocer ciertos modos de relación que aparecen de forma reiterada y que permiten que la violencia quede encubierta detrás de discursos socialmente legitimados. La defensa de una causa, el trabajo comunitario, la sensibilidad o una trayectoria dedicada a acompañar a otras personas pueden funcionar como credenciales morales que vuelven más difícil cuestionar a quien las exhibe.

Una de estas formas consiste en ocupar el lugar de guía, referente o salvadora. La persona se presenta como quien más conoce el campo, quien más ha sufrido sus injusticias o quien más ha trabajado por los demás. Desde esa posición construye una deuda afectiva y moral con quienes la rodean. La ayuda deja de ser un gesto libre y se transforma en una herramienta para exigir lealtad, obediencia y reconocimiento. Cuando alguien cuestiona sus decisiones, la respuesta suele desplazarse del debate hacia la descalificación, la victimización o el chantaje emocional. Aparecen entonces expresiones como “Todo lo que hago es por ustedes y así me tratan”, “¿Cómo vas a dudar de mí después de todo lo que te ayudé?” o “Me robaron, pero voy a seguir dando todo por la comunidad”.

También puede desarrollarse una lógica de instrumentalización, en la que las personas son valoradas de acuerdo con su utilidad para un proyecto, una carrera o una estrategia de posicionamiento. Los vínculos se sostienen mientras ofrecen acceso, trabajo, legitimidad, contactos o visibilidad. Cuando dejan de ser funcionales, pueden ser descartados, desacreditados o convertidos en obstáculos. Esta lógica encuentra un terreno fértil en espacios con pocos controles institucionales y con una fuerte dependencia de acuerdos informales. Frases como “No hace falta un contrato, confiá en mí”, “No hay pruebas de que haya sido así” o “Nadie te obligó a participar” trasladan toda la responsabilidad hacia la persona afectada y aprovechan la falta de registros para negar lo ocurrido.

Otro mecanismo frecuente es la relativización de las normas. La persona sabe que existen acuerdos, responsabilidades y límites, pero considera que puede interpretarlos según su conveniencia. El daño queda justificado por una supuesta necesidad superior, por las urgencias del proyecto o por una manera naturalizada de ejercer la autoridad. “Es así como funcionan las cosas”, “Si no te gusta, podés irte” o “No tengo que dar explicaciones porque este es mi proyecto” son fórmulas que clausuran cualquier posibilidad de diálogo. La empatía se vuelve selectiva. Se cuidan los vínculos que garantizan obediencia o beneficio, mientras que frente a quienes incomodan, cuestionan o establecen límites aparecen el castigo, el aislamiento y la exclusión.

A esto puede sumarse una producción sistemática de confusión. Cuando alguien señala una violencia, la conversación se desplaza desde los hechos hacia la percepción de quien los denuncia. La persona afectada comienza a dudar de su memoria, de sus emociones y de su derecho a sentirse dañada. “Estás dramatizando”, “Yo nunca dije eso”, “Te lo inventaste” o “Yo fui quien te cuidó y así me pagás” son expresiones que alteran el relato de lo sucedido y debilitan la confianza de la otra persona en su propia experiencia.

Estos mecanismos rara vez aparecen de manera aislada. La autoridad moral, la deuda afectiva, la instrumentalización de los vínculos, la ausencia de acuerdos formales y la negación del daño pueden combinarse hasta construir un entorno en el que cuestionar a una figura de poder parece más peligroso que tolerar sus prácticas. La máscara ética no elimina la violencia. Puede, precisamente, convertirse en una de las condiciones que dificultan reconocerla, nombrarla y detenerla.

¿Por qué cuesta tanto denunciar?

Esta es una pregunta que me hago constantemente, y que por momentos se convierte en una situacion que me cuesta mucho comprender. ¿Cómo es posible que esta persona cause tanto daño y nadie diga nada?

Para comprender con mayor profundidad los obstáculos que aparecen al momento de denunciar, recurrí a bibliografía sobre violencia invisible en ámbitos laborales y puse esas lecturas en diálogo con los testimonios recibidos. Lo que surge es una trama de condicionamientos que excede las decisiones individuales. Muchas personas no callan porque desconozcan lo ocurrido, sino porque hablar puede tener consecuencias profesionales, económicas y emocionales difíciles de afrontar.

Asimetría de poder y control de las oportunidades

Quien dirige una curaduría, integra un jurado, coordina una clínica o está al frente de una cátedra puede controlar invitaciones, becas, recomendaciones y contactos. Esa concentración de capital simbólico convierte cualquier cuestionamiento en un riesgo directo para la trayectoria de quien denuncia. El temor no se limita a perder una oportunidad puntual. También aparece la posibilidad de quedar fuera de futuras convocatorias vinculadas con la misma red de influencias.

En un campo atravesado por la inestabilidad económica y laboral, enfrentarse con una figura poderosa puede sentirse como una amenaza a la propia subsistencia. Dentro de los testimonios recopilados se repiten expresiones como “Yo tengo el poder” o “No vas a volver a trabajar nunca más”. Estas frases no solo buscan intimidar. También revelan hasta qué punto algunas personas se sienten habilitadas para administrar oportunidades y castigos desde una posición de impunidad.

El blindaje de los discursos progresistas

La violencia resulta todavía más difícil de reconocer cuando quien la ejerce construye su identidad pública alrededor del cuidado, el feminismo, la decolonialidad, la defensa de derechos o el trabajo comunitario. ¿Cómo imaginar prácticas violentas allí donde el discurso proclama exactamente lo contrario?

Estos relatos pueden ser sólidos, seductores e incluso admirables. Precisamente por eso funcionan como una forma de blindaje. Cuando alguien señala la distancia entre las palabras y las acciones, suele recibir como respuesta que interpretó mal la situación, que exagera o que es demasiado sensible. El prestigio ético acumulado por la figura denunciada termina pesando más que los hechos relatados por quienes fueron dañados.

Así se produce una forma de negación colectiva. La confianza depositada en el discurso público dificulta escuchar aquello que lo contradice y desplaza la sospecha hacia la persona que denuncia.

Precariedad y fragmentación del sector

Gran parte de los proyectos artísticos se sostiene mediante contratos temporales, becas puntuales, trabajos informales y acuerdos verbales. A esto se suma la ausencia de gremios fuertes, convenios colectivos y mecanismos de respaldo jurídico adaptados a las particularidades del sector cultural.

La intermitencia laboral obliga a pensar de manera permanente en la próxima oportunidad. En ese contexto, mantener buenos vínculos puede parecer tan importante como realizar bien el propio trabajo. Se instala entonces una cultura de silencios estratégicos en la que muchas personas evitan señalar abusos por temor a ser excluidas de proyectos, circuitos o redes profesionales.

Esta fragmentación también dificulta reconocer que otras personas atravesaron situaciones semejantes. Cada experiencia se vive como un conflicto aislado hasta que los testimonios comienzan a reunirse y dejan ver la repetición de ciertas prácticas.

Miedo a la revictimización y a la difamación

Denunciar a una figura influyente supone una doble exposición. Por un lado, implica volver sobre lo sucedido, narrarlo ante personas desconocidas y demostrar de manera constante que el daño existió. Por otro, expone a quien denuncia a ser presentada como conflictiva, difícil de tratar, resentida o interesada en conseguir protagonismo.

Las respuestas del entorno suelen profundizar esa sensación de aislamiento. Frases como “Pero si es muy copada” o “A mí nunca me hizo nada” trasladan la conversación desde los hechos hacia las opiniones personales sobre la figura señalada. Que una persona haya tenido experiencias positivas con alguien no invalida el daño atravesado por otras.

Tampoco se trata de un desacuerdo circunstancial ni de una diferencia de carácter. Los testimonios recibidos describen prácticas sostenidas durante al menos ocho años. La persistencia de estos relatos obliga a dejar de pensar cada caso como un episodio aislado y a observar el patrón que forman en conjunto.

Un laberinto jurídico e institucional

A diferencia de algunas universidades, organismos públicos o empresas, muchas instituciones artísticas independientes carecen de protocolos internos para recibir denuncias, investigar responsabilidades y ofrecer acompañamiento. Cuando los hechos no encajan con claridad en las categorías tradicionales de violencia doméstica o acoso laboral, las personas afectadas pueden pasar de una institución a otra sin encontrar un espacio de recepción adecuado.

Ministerios, defensorías, fiscalías y organizaciones culturales pueden ofrecer respuestas parciales, pero rara vez existe un recorrido claro. La sensación de que no hay dónde acudir refuerza la idea de que es preferible callar, abandonar el espacio o intentar resolver el conflicto en privado.

Reconocer estos obstáculos estructurales permite comprender que la ausencia de denuncias no equivale a la ausencia de violencia. También permite pensar herramientas para desarmar esas condiciones. Redes de acompañamiento y testigos, acuerdos escritos, registros de los intercambios, protocolos institucionales y mecanismos colectivos de intervención pueden reducir el aislamiento de quienes atraviesan estas situaciones.

La solidez de un campo cultural también se mide por su capacidad para cuidar a quienes lo sostienen, escuchar aquello que incomoda y actuar frente a las violencias que durante demasiado tiempo fueron protegidas por el silencio.

Estrategias de autoprotección y acción colectiva

Contrato o carta de acuerdo por escrito: definir honorarios, fechas de pago y destino de los fondos antes de comenzar.
Rendición pública: solicitar que los presupuestos adjudicados figuren en la web de la institución o en un drive compartido.
Registro de evidencias: guardar correos, mensajes y audios que documenten promesas incumplidas o tratos intimidatorios.
Red de testigos: compartir la información con colegas de confianza; el patrón solo se hace visible cuando se conectan las historias.
Exigir protocolos: ningún programa de formación o exposición debería abrir convocatoria sin publicar un canal ético y un procedimiento de denuncias.
Denuncia estratégica: cuando sea seguro, acudir a áreas de género universitarias, sindicatos culturales o al Ministerio de Cultura pidiendo la aplicación de la Ley 26.485 (violencia contra las mujeres) en su dimensión “institucional”.

Escribir esta nota fue realmente difícil, agradezco a todas las personas que acompañaron el proceso, es la primera vez que la escritura no es en soledad. Aunque preferiría que estas publicaciones sean colectivas, entiendo mucho a las personas que no quieren exponerse y en un momento pensé: es esto o nada. No se trata de “cancelar” a nadie; se trata de proteger la integridad de las personas y de los fondos que sostienen nuestra producción cultural. El arte contemporáneo, precario por definición, no puede permitirse que las escasas oportunidades terminen en manos de quienes reproducen los mismos dispositivos de abuso que decimos combatir.

Nombrar las prácticas (aunque no nombremos a la persona) es el primer paso para desnaturalizarlas. El siguiente será presionar a las instituciones: si se financian con dinero público o gestionan obras ajenas, deben garantizar transparencia y protocolos de cuidado. Hasta entonces, nuestra mejor defensa seguirá siendo la organización comunitaria y la divulgación responsable de estas alertas.

¿Por qué publicamos esto ahora?
A partir de su aparición en un programa de formación y acompañamiento a artistas, durante las últimas semanas se multiplicaron los reclamos por faltas de protocolo y transparencia en espacios formativos y expositivos; muchas de esas denuncias apuntan a prácticas de abuso que se esconden detrás de discursos “de cuidado”. Esta nota pretende reunir patrones y herramientas para detectar y frenar esas violencias antes de que se normalicen. Al nombrarlas, buscamos activar la conversación y la acción que el sector todavía nos adeuda.

Necesitás orientación o ayuda inmediata?

Línea 144 (Argentina, 24 h, violencia por motivos de género)

Oficina de Violencia Doméstica – Corte Suprema: Lavalle 1250, CABA / 0800-33-FISCAL

Ministerio de Cultura – Protocolo de Género: protocolo-genero@cultura.gob.ar

Red de Abogadas Feministas: abofem.argentina@gmail.com